Las subvenciones, inexistentes en Cataluña, son el "paso definitivo" para prohibir los toros

El desbarre catalán y su cruzada antitaurina ha tocado techo con el texto legal de la prohibición, donde se permiten calumniar sobre el espectáculo, su efecto en las personas e incluso su carga económica para el erario público. La extralimitada y tendenciosa redacción de la Ley va incluso más allá de los postulados comunmente aceptados por parte del movimiento antitaurino.

Montilla firma un Preámbulo en el que dice "haber constatado el impacto emocional negativo que un espectáculo violento de estas características produce en los menores". Sin embargo, hasta la psicóloga antitaurina Nuria Querol reconoció en su intervención dentro de las comparecencias en el Parlamento catalán previas a la votación de la Ley, el estudio del defensor del menor de la Comunidad de Madrid en el que se determina que acudir a los toros no genera graves efectos psicológicos en los niños.

Ésta es sólo una de otras muchas "acusaciones" gratuitas que se han permitido vertir en la Ley, amparándose en la prohibición de la Fiesta en países sin tradición taurina alguna. Todo lo contrario a la Cataluña que el preside donde, como es sabido, su capital Barcelona albergó simultaneamente hasta tres plazas de toros en funcionamiento. 

El remate llega en el Preámbulo aseverando que el coste de la Fiesta para las arcas públicas han sido determinantes para la prohibición: "...espectáculos, que en parte, se nutren de dinero público propician un paso más, el definitivo, hacia la prohibición de las corridas de toros". Sin embargo, la única plaza activa en Cataluña, la Monumental de Barcelona, no recibe ninguna subvención pública para la celebración de espectáculos taurinos, como sí lo hacen otros muchos espectáculos del ámbito cultural catalán.